La República tuvo acceso al documento que envió la oficina del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos al gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en el que se detalla la información recabada sobre las muertes ilícitas que se han registrado en las protestas contra la gestión de la actual mandataria y otros aspectos más.
En el documento se contextualiza todo lo ocurrido en el país desde que la jefa de Estado asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre del 2022. En esa línea mencionan que «se ha recibido información de que la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesinos y de pueblos indígenas ha incrementado».
Asimismo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mencionan el número de los fallecidos que se han registrado durante el estallido social en el Perú —basándose en datos de la Defensoría del Pueblo—, así como la declaratoria de Estado de Emergencia en distintas regiones del país que se efectuó desde diciembre del 2022.
En otro momento, mencionan que han recibido información de que «los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia».
En el oficio también indican que de acuerdo a los informes de la autopsia y análisis forenses «habría revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala«. Específican que en seis personas fallecidas «se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM».
Siguiendo lo expuesto, mencionan el allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que albergaba a manifestantes, por parte de la Policía; así como las detenciones arbitrarias contras las personas que se encontraban en las instalaciones.
Asimismo, el alto comisionado de la ONU también señala que se reportó que la «respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar ‘en guerra’ y que califica a las personas que protestan como ‘enemigos’ o terroristas’, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas».
Ante lo expuesto, la ONU expresa su «profunda preocupación» por lo acontecido en el país y en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. «Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica», apuntan.
Líneas más abajo recalcan que «es deber del Estado, desde todos sus poderes e instituciones, asegurar a todas las personas la posibilidad de expresarse pacíficamente sus opiniones sin ningún temor, así como de ejercer sus derechos de libertad de asociación y reunión».
LR
Foto: DW
