La Contraloría detectó el uso incorrecto de un vehículo de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca por un servidor de la Agencia Agraria de San Marcos, quien lo usó para asistir a una actividad política en la ciudad de Cajamarca. La Contraloría General pudo determinar presunta responsabilidad administrativa y/o penal en dos servidores públicos, durante el periodo del 6 de febrero del 2023 al 30 de junio del 2024.
En el Informe de Control Específico N° 102-2024-2-5336-SCE consta que el sábado 22 de junio del 2024 el director de la Agencia Agraria de San Marcos (AASM) utilizó la camioneta de la entidad para trasladarse desde el centro poblado de Huayobamba hasta la ciudad de Cajamarca para desarrollar actividades ajenas a las institucionales y transportó a amigos, uno de ellos conducía la unidad vehicular.
La comisión de control pudo evidenciar que dicho servidor participó en la juramentación de un evento proselitista del partido político del cual es miembro, lo que representa una actividad de absoluto interés particular. Esto gracias a las cámaras de videovigilancia y publicaciones de redes sociales de medios de comunicación donde se visualizan videos y fotografías en las que aparece el director de la AASM.
Este hecho vulnera la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, la Directiva N° 00006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” y el reglamento “Administración, Uso y Control de Vehículos Oficiales del Gobierno Regional Cajamarca”.
El informe determinó presunta responsabilidad penal y administrativa PAS contra el director de la Agencia Agraria de San Marcos y administrativa entidad contra un asistente administrativo de la entidad.
Los resultados del informe fueron comunicados al titular de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca, al Órgano Instructor y al Procurador Público Especializado en delitos de corrupción de funcionarios para el inicio de las acciones legales en contra de los funcionarios comprendidos en los hechos.
Fuente: Contraloría General de la República