El gerente de Renama en Cajamarca ha criticado la ineficacia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), afirmando que ha permitido a los mineros ilegales continuar delinquiendo y perjudicando la economía del país. Desde su creación en 2016, solo el 2.4% de los 87,111 pequeños mineros informales inscritos han logrado formalizarse, lo que indica un fracaso en el proceso de formalización que se ha prolongado más de lo esperado.
El Reinfo, que se concibió como un proceso temporal de tres años, ha visto sus plazos ampliados en dos ocasiones, lo que ha contribuido a la confusión sobre la cantidad de mineros ilegales que están en proceso de formalización. Este sistema ha permitido que aquellos inscritos extraigan mineral, compren explosivos y vendan productos sin demostrar la legalidad de su origen, lo que ha alimentado la minería ilegal.
A pesar de las cifras preocupantes, que muestran que la minería informal representa una parte significativa de la producción nacional de oro, el Reinfo no ha logrado distinguir entre mineros formales y aquellos que operan ilegalmente. Esto ha llevado a que muchos continúen operando sin ser detenidos, aprovechando una impunidad que se ha visto favorecida por la falta de fiscalización estatal.
En Cajamarca, el problema es particularmente agudo. El gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Renama, Sergio Sánchez, destaca que la mayoría de los problemas de ilegalidad provienen de los mineros que utilizan el Reinfo como cobertura para sus actividades ilegales. Esto afecta tanto a la competitividad del país como a las empresas que poseen concesiones formales. Finalmente, el impacto ambiental y económico de la minería ilegal es significativo. Sánchez menciona ejemplos concretos, como el caso de Michiquillay, donde los mineros ilegales extraen oro sin pagar impuestos, lo que representa una pérdida considerable para el país y dificulta la regulación ambiental necesaria para proteger los recursos naturales. La situación requiere una revisión urgente del sistema de formalización para abordar la crisis de la minería ilegal en el Perú.
